Bájense el sueldo

Ante la crisis política y económica que ha generado el aumento en el precio de los combustibles, la opinión pública y algunos personajes involucrados en temas nacionales han retomado la exigencia a los servidores públicos de que se bajen el salario a fin de reducir el gasto público y mitigar el impacto que éste tiene en los ingresos del Estado.

En Veracruz, por ejemplo, el Gobernador y los miembros del gabinete han decidido no cobrar su salario hasta nuevo aviso ya que las finanzas públicas fueron saqueadas por el antecesor que hoy está prófugo de la justicia. Legisladores federales del partido Movimiento Ciudadano renunciaron a los seguros de gastos médicos que la Cámara les tenía contratados. También otro tanto de funcionarios donan su sueldo o lo otorgan en becas a los que menos tienen.

Una medida muy rentable electoralmente. El público aplaude estas acciones y sataniza a quien no lo hace.

Antes de impuestos, un Senador de la República percibe 1 millón 885 mil pesos. Un diputado federal 1 millón 460 mil pesos. El Presidente de la República 3 millones. Estas cifras son estratosféricas si las comparamos con el ingreso promedio del país o con el salario mínimo.

Sin embargo, ¿eliminar estas percepciones mitiga los efectos del gasolinazo? ¿reduce el gasto corriente en tal medida que se pueda cubrir el déficit de infraestructura? Lamentablemente, creo que no.

Anualmente, son 730 millones que se gasta en el sueldo de los diputados federales. Son aproximadamente 730 calles que se pueden repartir entre los más de 2,000 municipios del país, es decir, a cada localidad le tocan 2.73 pavimentaciones.

Son 241 millones lo que se gasta al año en el sueldo de los senadores. ¿Qué alcanza con eso? Es el gasto de impresiones de un mes de cualquier entidad federativa, por más modesto que sea el pago.

El reclamo es políticamente justo. ¿Porqué ganan tanto cuando parece que hacen tan poco? ¿Porqué seguir sufragando “con nuestros impuestos” sus excesos? Son reclamos perfectamente válidos en un contexto como el que vive México. Sin embargo, vender el reclamo o “prender” a la gente bajo el argumento de que “quito X, para hacer Y” es igualmente nocivo. Es injusto hacer creer a una persona que un pedazo de ese pastel le va a llegar a solucionar sus problemas, cuando hay otros rubros (distintos a los salarios) con los que efectivamente sí puede hacerse más.

Tan sólo en comunicación social, el Gobierno de la República en el 2015 presupuestó 2 mil millones pero terminó gastando 5 mil millones.

El problema radica en la venta de la solución. Es mucho más fácil decirle a una persona “mira, tu Secretario tiene 7 mil pesos de vales de despensa, cuando tu apenas comes”, que mostrarle un análisis cuantitativo de los efectos de los “medios de conducción” o del impacto negativo de la corrupción en el Producto Interno Bruto.

Que no sea la política, la que defina el designio para los políticos.

A OJO DE BUEN CUBERO

Y para atizar el fuego, un Senador en Estados Unidos de Norteamérica gana anualmente 175 mil dólares. Más que los de México. ¿Cuál será la diferencia?

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Las lecciones de Rodrigo Medina

Las últimas dos semanas fueron intensas para el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Un juez penal lo citó para que compareciera a una audiencia y gracias a la suspensión concedida en un juicio de amparo fue posible que no asistiera. Pocos días después un Tribunal Colegiado revocó esa suspensión en un recurso de queja.

Más tarde, El Norte publicó una video-columna de un prestigiado abogado de Monterrey, en donde explicó con mucha claridad el porqué el Juez de Distrito actuó bien al otorgarle la suspensión a Medina. Se trató simplemente de una aplicación exacta de la ley y los precedentes que todos los órganos jurisdiccionales del país deben respetar.

Aunque el argumento de la aplicación de la jurisprudenica es sólido y deja poco lugar al debate en el ámbito jurídico, en el plano mediático y político las dudas nacen por naturaleza. Que si el juez se vendió, que si le tembló la mano y otro buen número de críticas a su actuar nacen en un ambiente distinto al de la aplicación de la ley.

Es evidente la existencia de una duda fundada sobre la corrupción que imperó durante la administración de Medina. Cualquier persona que se atreviera a decir lo contrario, sería crucificada en plena Macroplaza sin juicio previo. Sin embargo, la conducción de los procedimientos legales debe estar, precisamente, ajustada a derecho.

En casos tan emblemáticos para el escenario político actual, como lo es el de Rodrigo Medina, la autoridad encargada de formar las investigaciones debe ser extremadamente pulcra. Hacerlas sin descuidos ni errores es fundamental para fortalecer el sistema de justicia. Una falla o la falta de pruebas debieran ser reconocidos para evitar el apedreo a los jueces que solo puedan tomar en cuenta lo que obra en el expediente. Incluso, el reconocimiento a la existencia de mecanismos como el amparo y la suspensión del acto reclamado, es necesario para no desvirtuar lo que se busca con la pesquisa.

La percepción de la actuación corrupta de dicho personaje si no es confirmada por una instancia legal, se queda solo en una sanción moral. La consecuencia jurídica tiene que esperar y obtenerse por la vía adecuada.

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Escupir para arriba es una frase muy mexicana que se aplica con frecuencia en el lenguaje político. Para quienes no lo saben, este “apotegma” se usa cuando una persona critica un hecho del cual ha sido actor, directo o indirecto. Por ejemplo, cuando se abandera el combate a la corrupción o a la ineficiencia pero durante mucho tiempo el personaje en cuestión ha sido parte de ella. Digamos que esa frase es prima hermana de “ves la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga del propio”. Así muchos en el quehacer político actual.

3 de 3, casi era gol

La palabra “casi” es definida por la Real Academia de la Lengua Española como un adverbio que significa “Poco menos de”, “aproximadamente”, “con corta diferencia”, “por poco”. Estas acepciones son enteramente aplicables a lo que sucedió la semana pasada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, donde “por poco” se daba un gran paso.

Senadores y diputados federales aprobaron, casi en su totalidad, la iniciativa ciudadana en donde se reunieron más de 600 mil firmas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”), mejor conocida como Ley 3 de 3.

El “casi” generó una amplia molestia entre los impulsores de la #ley3de3. Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (“IMCO”) en su espacio del 20 de junio expresó con malestar “Sin embargo, este esfuerzo cívico también aspiraba a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado mexicano. Aquí las mayorías en el Senado y Diputados quemaron el puente que construyeron las firmas de 634 mil ciudadanos. En ese incendio también sabotearon el reconocimiento de sus propios logros legislativos.”

¿Porqué casi?

Primeramente, la propuesta original de la #3de3 proponía que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal se presentaran de acuerdo al formato diseñado el año pasado. Con la redacción del artículo 29 de dicha ley, se dejó en manos de funcionarios públicos la decisión final sobre el formato de dichas declaraciones.

En segundo término, el artículo 32 de la LGRA estableció la obligación de presentar sus “3 de 3” a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios” y a “las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos” de los mismos entes. Decisión que ha sido considerada en la opinión pública como una vendetta de los legisladores federales en contra de quienes han apoyado la #3de3 (COPARMEX, entre otros).

Ambas modificaciones me parecen un absurdo.

Por un lado, el diseño de los formatos ya había sido validado por un buen número de servidores públicos, de todos los partidos, que voluntariamente habían presentado sus 3 declaraciones. ¿Porqué enfrentarse ante la opinión pública con algo con lo que estaban de acuerdo?. Este actuar solo muestra muchísima falta de sensibilidad política y el distanciamento cada vez más grande entre sociedad y una parte de su gobierno (en este caso, el Congreso de la Unión).

Por otro lado, exigir a los particulares presentar su 3 de 3 es aberrante. En teoría, una persona física o moral que recibe recursos públicos, para ejecutar una obra, vender un producto o prestar un servicio, ya ha pasado por diversos controles establecidos en las leyes de obras o de adquisiciones. Han probado tener las capacidades para hacerlo. Incluso, han proporcionado al ente gubernamental contratante un sinfín de documentos que, también en teoría, son públicos. ¿Porqué exigirles de más? ¿Tan no se confía en esos procedimientos, que es necesario volver a exigir declaraciones?. Más material para agrandar la brecha.

Con estos cambios, la LGRA ha sido enviada al Ejecutivo federal a fin de que sea promulgada y publicada, sin embargo, las organizaciones impulsoras de la “3 de 3” han relanzado el movimiento para pedir al Presidente de la República que vete este ordenamiento, específicamente, los artículos 29 y 32.

Peña Nieto tiene una oportunidad de oro para reivindicar frente a la sociedad su imagen desgastada. Como se dice en el futbol, “la tiene solo contra el portero”. ¿Meterá el gol? ¿La volará como García Aspe en el 94?.

A OJO DE BUEN CUBERO

“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.” Artículo 134, 7o párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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3 de 3, segundo tiempo minuto 83

A casi un mes de que venza el plazo constitucional para emitir las leyes generales que establezcan las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo modelo de responsabilidades administrativas, la discusión entre organizaciones de la sociedad civil y las Comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República, se encuentra inmersa en una lucha en el medio campo, donde las primeras buscan encontrarle el hueco a la férrea media y defensiva de los legisladores.

En la reunión del 11 de abril, el senador perredista Alejandro Encinas adelantó que veía muy difícil concluir en el plazo legal los trabajos para emitir la legislación secundaria en este periodo y declaró “el principal problema de este país, no es la corrupción, ese es uno de los síntomas, el principal problema es la impunidad”, lo que encierra dos grandes problemas.

El primero, es el tiempo para cumplir. Quedan poco más de 720 horas para que fenezca el término. ¿Se logrará?

El segundo tiene que ver con el “tuya, mía, te la presto” sobre si el problema es la impunidad o la corrupción. Discusión a mi gusto estéril. Quizá es cierto lo que dice el senador y lo que otros afirman en el sentido que no se necesitan más leyes sino aplicar las que ya existen.

Sin embargo, lo que ciertos actores políticos aun no entienden (o tal vez sí) es que el modelo existente de combate a la corrupción ha quedado obsoleto, como si Edgardo Codesal quisiera pitar la final de Rusia 2018 a sus 64 años.

Luego entonces, aprobar la legislación secundaria de la mano de lo que proponen el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana no es cosa menor. No se trata de concluir si fue primero la gallina (corrupción) o el huevo (impunidad) sino de dar un borrón y cuenta nueva al sistema fallido que ha generado que México sea percibido a nivel mundial como un país altamente corrupto y que, efectivamente, se investigue imparcialmente y se apliquen las sanciones por más indeseables políticamente que sean.

En pocas palabras, tomadas del argot político “se trata de mandar un mensaje”.

A esta altura del partido, no se vislumbra quién pueda ser el primero en romper la red de la portería legislativa, por eso “apesta” a tiempos extras.

A OJO DE BUEN CUBERO

El día 26 de abril de 2016 a punto de entrar al “tiempo de compensación” pero dentro del término, el Congreso de Tamaulipas aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado: http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Decretos/Dec-948-Ley%20de%20Transparencia%20final.pdf

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