La palabra “casi” es definida por la Real Academia de la Lengua Española como un adverbio que significa “Poco menos de”, “aproximadamente”, “con corta diferencia”, “por poco”. Estas acepciones son enteramente aplicables a lo que sucedió la semana pasada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, donde “por poco” se daba un gran paso.
Senadores y diputados federales aprobaron, casi en su totalidad, la iniciativa ciudadana en donde se reunieron más de 600 mil firmas, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”), mejor conocida como Ley 3 de 3.
El “casi” generó una amplia molestia entre los impulsores de la #ley3de3. Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (“IMCO”) en su espacio del 20 de junio expresó con malestar “Sin embargo, este esfuerzo cívico también aspiraba a mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado mexicano. Aquí las mayorías en el Senado y Diputados quemaron el puente que construyeron las firmas de 634 mil ciudadanos. En ese incendio también sabotearon el reconocimiento de sus propios logros legislativos.”
¿Porqué casi?
Primeramente, la propuesta original de la #3de3 proponía que las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal se presentaran de acuerdo al formato diseñado el año pasado. Con la redacción del artículo 29 de dicha ley, se dejó en manos de funcionarios públicos la decisión final sobre el formato de dichas declaraciones.
En segundo término, el artículo 32 de la LGRA estableció la obligación de presentar sus “3 de 3” a “cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios” y a “las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos” de los mismos entes. Decisión que ha sido considerada en la opinión pública como una vendetta de los legisladores federales en contra de quienes han apoyado la #3de3 (COPARMEX, entre otros).
Ambas modificaciones me parecen un absurdo.
Por un lado, el diseño de los formatos ya había sido validado por un buen número de servidores públicos, de todos los partidos, que voluntariamente habían presentado sus 3 declaraciones. ¿Porqué enfrentarse ante la opinión pública con algo con lo que estaban de acuerdo?. Este actuar solo muestra muchísima falta de sensibilidad política y el distanciamento cada vez más grande entre sociedad y una parte de su gobierno (en este caso, el Congreso de la Unión).
Por otro lado, exigir a los particulares presentar su 3 de 3 es aberrante. En teoría, una persona física o moral que recibe recursos públicos, para ejecutar una obra, vender un producto o prestar un servicio, ya ha pasado por diversos controles establecidos en las leyes de obras o de adquisiciones. Han probado tener las capacidades para hacerlo. Incluso, han proporcionado al ente gubernamental contratante un sinfín de documentos que, también en teoría, son públicos. ¿Porqué exigirles de más? ¿Tan no se confía en esos procedimientos, que es necesario volver a exigir declaraciones?. Más material para agrandar la brecha.
Con estos cambios, la LGRA ha sido enviada al Ejecutivo federal a fin de que sea promulgada y publicada, sin embargo, las organizaciones impulsoras de la “3 de 3” han relanzado el movimiento para pedir al Presidente de la República que vete este ordenamiento, específicamente, los artículos 29 y 32.
Peña Nieto tiene una oportunidad de oro para reivindicar frente a la sociedad su imagen desgastada. Como se dice en el futbol, “la tiene solo contra el portero”. ¿Meterá el gol? ¿La volará como García Aspe en el 94?.
A OJO DE BUEN CUBERO
“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.” Artículo 134, 7o párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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