Hace unas semanas empecé a leer el libro “El infinito en un junco” de la autora Irene Vallejo. Es un viaje fascinante a los orígenes de los libros. Explica la forma de escribirlos en la antigüedad. La ambición de personajes poderosos de la historia por poseer lo más actualizado de la época y mostrar su poder por medio de la construcción y el mantenimiento de grandes bibliotecas que llegaban a albergar 40,000 obras.
De verdad que es un “must” para cualquiera interesado en los antecedentes de un objeto tan preciado desde tiempos inmemoriales: el libro.
En uno de sus capítulos, la autora española nos cuenta que una editorial de Louisville, Kentucky en los Estados Unidos de Norteamérica pulió las obras emblemáticas de Mark Twain, “Las aventuras de Tom Sawyer” y “Las aventuras de Huckleberry Finn, eliminando de esta última la palabra “nigger” subsituyéndola por “slave”.
También relata que en la Universidad de Londres, el sindicato de estudiantes de la Escuela de Estudios Orientes y Africanos exigen que desaparezcan de los planes de estudio las obras de Platón, Descartes o Kant, porque las estiman racistas y colonialistas.
Vallejo no está de acuerdo con estas acciones y nos explica que “No por eliminar de los libros todo lo que nos parezca inapropiado salvaremos a los jóvenes de las malas ideas. Al contrario, los volveremos incapaces de reconocerlas. (…) Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro; hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio”.
Los textos jurídicos no han estado exentos de este tipo de cuestionamientos y se han modificado leyes y se empiezan a emitir sentencias con el llamado lenguaje inclusivo o en formato de lectura fácil.
Un ejemplo de una modificación legislativa alentada por la suavización del lenguaje se encuentra en el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas que regula el procedimiento de interdicción y que hasta hace algunos años en su redacción se refería al “idiota”, “demente” y “sordomudo”.
El “idiota” gramaticalmente es la persona que padece de “idiocia” que es un término médico definido por la Real Academia de la Lengua Española como un “Trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida.”
El “demente” es aquella persona que sufre de “demencia” también un término médico que se define como “Deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta”.
Aunque perfectamente correctos estos términos en su sentido gramatical, comúnmente fueron utilizados para ofender a las personas (aunque clínicamente no tuvieran idiocia o demencia), por lo que el legislador decidió sustituir estos términos por “discapacidad intelectual” o “sordomudo” por discapacidad auditiva y del habla.
La evolución del lenguaje jurídico es necesaria cuando sirve para comprender mejor leyes, jurisprudencia, demandas, recursos, y que su lectura sea accesible para todas las personas. También para decir más con menos y para tener argumentos de mayor calidad.
La crítica de Irene Vallejo a las modificaciones a libros de antaño para adaptarlas a las circunstancias actuales se puede trasladar con facilidad a los textos jurídicos. Si nos impide tener mejor conocimiento de una materia o de una controversia, lo mejor sería desechar esos cambios caprichosos, no sea que pudiera producir en el gremio la incapacidad de reconocer fallos en la profesión por haber encontrado alivio en palabras que se consideran más sensatas.
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