El 13 de noviembre, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (“IMCO”), publicó el “Índice de Información de Ejercicio del Gasto”, en el cual se analizó el comportamiento de las entidades federativas en la aplicación y ejecución de los presupuestos aprobados para el año 2016.
El documento presenta bastante información sobre el gasto ejercido por los estados. Particularmente en su presentación ante la sociedad y medios de comunicación, se resaltó el uso de recursos públicos en el rubro de comunicación social.
9 mil 528 millones de pesos destinaron los 32 estados en gasto de publicidad, un 300% más de lo que originalmente presupuestaron. Puebla y Zacatecas gastaron 29 y 88 más, respectivamente, de lo inicialmente presupuestado para comunicación social. El estudio demuestra un costo de oportunidad altísimo para la administración pública de las entidades federativas.
Después de la demostración de este uso excesivo del dinero público, de manera muy oportuna la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el Amparo en Revisión 1359/2015 que promovió la ONG “Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C.”, contra la omisión del Senado de emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. En este sentido, la Corte ordenó al Senado emitir esa ley antes del 30 de abril de 2018.
La ley que el Senado llegue a emitir debe garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, y que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones del ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
El debate se ha polarizado tanto que el punto fino se ha dejado a un lado. La discusión no está en si el gobierno debe o no gastar en publicidad, pues es claro que toda administración debe informar a la ciudadanía lo que hace y muchas veces es necesaria la contratación de medios ajenos a las agencias gubernamentales.
El problema está en el cuánto y en el cómo. En los límites presupuestales que deben respetarse y en las formas en que se comunica a las personas. En que el dinero público no se utilice para promover implícitamente a las personas. Ni mucho menos que se eliminen programas sociales o acciones de gobierno, para gastar en publicidad, sino al contrario, una austeridad real supone que se deje de gastar en lo menos importante.
¿Estará el Senado dispuesto a absorber el costo político de una decisión trascendental para el manejo de las finanzas públicas? ¿Dejará para otra ocasión la toma de una decisión de Estado?
A OJO DE BUEN CUBERO
En un momento de “flacidez” del sistema político mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está jugando un rol importante para meter orden. Primero, destituyendo al delegado de la delegación Venustiano Carranza por incumplimiento de una sentencia de amparo (se comenta que vienen más asuntos similares) y, segundo, “dándole un coscorrón” al Congreso. Bien por los ministros.
Twitter: @adalberto_gm
adalbertoguevara.wordpress.com 