A menudo en las campañas electorales se ofrece a la clase empresarial que, de llegar al poder, se realizarán las compras de productos o la contratación de obras únicamente con empresas del lugar donde tendrá jurisdicción el futuro gobierno. Se enarbola la bandera del proteccionismo al comerciante local como una estrategia regionalista para fortalecer la economía, hacer que el dinero pagado a través de las contribuciones “regrese”, se “reinvierta” en el mismo lugar donde tuvo su origen y, por supuesto, que genere empleos.
La rentabilidad política de la propuesta es alta. Decir lo contrario, en campaña, generará un mal ánimo en perjuicio de quien se atreva a hablar de lo que es constitucionalmente correcto.
En este sentido, el artículo 134, tercer párrafo, de la Carta Magna Mexicana señala “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”
Por su parte, el cuarto párrafo del referido artículo dice “Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado”.
Estos dos párrafos nos hablan de que el Estado debe obtener las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, ya sea a través de licitaciones u otros procedimientos (invitación restringida, invitación a cuando menos 3 participantes y hasta compra directa).
La Comisión Federal de Competencia (COFECE), en el estudio “Miscelánea de Obstáculos Regulatorios a la Competencia. Análisis de la Normativa Estatal” (2016: pág. 24) advierte que los márgenes de preferencia a favor de proveedores locales para la adjudicación de contratos resultan un obstáculo a la competencia porque: (I) Propician que el Estado contrate a empresas que no necesariamente ofrecen las mejores condiciones; (II) Desincentivan el interés de las empresas foráneas, que pueden dar mejores condiciones al gobierno, de hacerlo así, (III) Favorecen la posición competitiva de los locales de manera artificial, y (IV) Es notoriamente incompatible con el artículo 134 constitucional.
El estudio señala que estados como Sinaloa, Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Morelos, Colima, Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Jalisco, establecen en sus legislaciones márgenes de preferencia que van del 5% al 10% sobre los precios de competidores foráneos.
Esta medida tiene como objetivo principal hacer, lo que ya se dijo antes, que el dinero del gobierno “se quede” donde tuvo su origen, es decir, que “no se lo lleven” empresas foráneas o extranjeras que sólo vienen a mermar con la riqueza generada por los propios empresarios.
¿Qué propone la COFECE? Eliminar este criterio de preferencia basado en el domicilio u origen de las empresas.
El estudio de ninguna manera señala o sugiere que el Estado no deba contratar empresas locales ni tampoco que se le de preferencia a los foráneos. El argumento toral consiste en que dar preferencia al proveedor local no garantiza que el gobierno obtenga las mejores condiciones del mercado. ¿Por qué habría de pagar la autoridad 5%, 6% o hasta 10% más del valor de un bien sólo porque se trata de un bien vendido o producido por un local? ¿Qué mensaje recibiría el jefe de compras de un negocio privado si le informa al dueño que por un producto de la misma calidad, precio y tiempo de entrega, pagó un sobreprecio del 8% porque lo compró a un distribuidor local?
La actividad del Estado, cuando se trata de adquirir los bienes necesarios para prestar los servicios asignados por las leyes o de generar infraestructura para todos, debe estar centrada en criterios de eficiencia, eficacia, honestidad, transparencia, etc., y en obtener las mejores condiciones del mercado, lo que no siempre se logrará contratando empresas locales.
Si bien los gobiernos deben alentar el fortalecimiento de la economía, un primer paso es hacerlo a través del ejercicio responsable del dinero producto de las contribuciones y la inversión de éste en servicios públicos. Generar las condiciones para que los negocios puedan prosperar: seguridad, resolución rápida de conflictos, trámites sencillos, etc.
La promesa de crear riqueza a través del presupuesto es populista. Alienta la voracidad y genera desastres patrimoniales cuando el ritmo del gasto público se contrae. Es la burbuja financiera de las economías tercermundistas.
A ojo de buen cubero
Ganó Trump. Volvió a fallar el sistema electoral estadounidense. La credibilidad de las encuestadoras sigue a la baja, apueste en contra. Benito Juárez ya perdió la carrera con George Washington, y éste va por más. Se acrecentan las variables para que siga el lamento mexicano. Por más cambio que tengamos como sociedad, en un contexto globalizado, somos muy vulnerables. ¿En qué país vivimos? Sí, en México
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