Tajamar bajo la lupa

Dicen que lo que no descubre el agua lo descubre el tiempo. Axioma popular que ha cobrado vigencia especial esta semana. Se ha conocido que 11 años atrás, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno panista de Vicente Fox otorgó un permiso a un particular para desarrollar un proyecto inmobiliario en el manglar conocido como “Tajamar”.

La indignación sobre el tema ha crecido considerablemente y “ahogado el niño se busca tapar el pozo”. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha dado entrada a las quejas interpuestas por activistas. La Organización No Gubernamental “Salvemos Manglar Tajamar” anunció que un menor de nombre Ethan interpuso un juicio de amparo en contra de la autorización y obtuvo la suspensión provisional para que se detenga cualquier obra, espera resolución de fondo para el siguiente mes.

Sobran los puntos de análisis sobre el tema.

En primer término, la posible salida al problema: la expropiación del predio por parte de la autoridad. Recordemos que conforme al artículo 27 de la Constitución mexicana, la propiedad originaria es de la Nación. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la superficie nacional es pública (por decirlo de una manera coloquial), y la misma Nación ha permitido que los particulares adquieran bienes para sus propios fines.

Por ello, se puede imponer a la propiedad privada cualquier modalidad, incluida la expropiación por causa de utilidad pública, que es en este caso la protección de los manglares. Por ello, resulta tibia la declaración del hoy titular de SEMARNAT, el verdecologista Rafael Pacchiano quien afirmó “no hubiera dado autorización para este proyecto”, pero “tampoco puede cancelarlo porque es respetuoso de la ley y el derecho de los particulares.”

Si bien hay críticos acérrimos del artículo 27, como el ícono del Derecho Constitucional Mexicano, Emilio Rabasa, y el destacado académico Isaac Katz, no menos cierto es que no hay hostilidad hacia el derecho de propiedad sino se trata de la protección de un diverso derecho, más amplio y general, como lo es el derecho al medioambiente.

En segundo lugar y quizá contradictorio con el anterior punto, es la legalidad de los permisos. ¿Hubo realmente un análisis exhaustivo de las solicitudes? ¿La reubicación de la fauna previene daños peores? ¿son compatibles el proyecto inmobiliario y el medio ambiente?

La pelota está en manos de la SEMARNAT, con la ratificación de la autorización de la que ha hablado Pacchiano se le presenta la oportunidad de ejercer efectivamente el poder público. Ya que se está en terreno de refranes, dicen que lo peor que se puede hacer con aquél es no ejercerlo. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación jugará un papel relevante en la decisión por los amparos que ya admitidos.

Finalmente, pero siempre al principio, la raja política del tema. ¿Se aprovechará el momento para una salida decorosa del Gobierno Federal? ¿el daño a las arcas con motivo de una posible indemnización será el fiel de la balanza? ¿quién va a salirse con la suya?

A OJO DE BUEN CUBERO

Recomiendo ampliamente la película “Bridge of Spies” protagonizada por Tom Hanks. Una historia interesante sobre cómo las adversidades pueden hacer que las personas cumplan roles para los cuales se sentían incapaces. ¿Hasta dónde llega la fuerza del ser humano para transformarse a sí mismo?

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email: adalbertoguevaramontemayor@gmail.com

Suprema Corte estadounidense, un tribunal para mexicanos

El día de ayer la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU) anunció la decisión de analizar la controversia planteada por diferentes estados de aquel país en contra de la medida administrativa decretada por el Presidente Barack Obama en noviembre del 2014, mediante la cual se concedió el beneficio de la estancia temporal a inmigrantes que cumplan ciertos requisitos.

Las condiciones establecidas por el gobierno federal de EEUU para concederla son: (i) tener como mínimo 5 años de residir ahí; (ii) tener hijos que sean ciudadanos o residentes legales; (iii) registrarse y aprobar un estudio de antecedentes penales; (iv) pagar impuestos. En el video explicativo del decreto, el Presidente Obama señaló que este beneficio aplica solo para no deportar pues conceder cualquier derecho general es atribución del Congreso.

Se ha señalado que la Corte Suprema resolverá el caso aproximadamente en el mes de junio y de esa forma concluir si la medida de Obama estuvo apegada a la Constitución.

Sin embargo, en la mente de los actores políticos de aquél país esta decisión va más allá de la legalidad o ilegalidad de la medida pues al estar en juego la silla más importante de la Casa Blanca, el efecto político de la sentencia está siendo analizado en los equipos de todos los aspirantes.

¿Qué consecuencias tendrá si se confirma la legalidad del decreto de Obama? ¿Cómo será vendido si se echa para atrás el plan de dar residencia temporal a quienes cumplen los requisitos?

Una decisión a favor de la legalidad de la medida, sin duda va a beneficiar a los demócratas, independientemente de quien sea el candidato, pues el trato equitativo para los inmigrantes será una buen producto para comercializar en la campaña. Un Presidente, del mismo origen político, que abandera las causas más justas para los más de 11 millones de indocumentados.

La negativa de la legalidad de la medida puede aprovecharse por los conservadores, especialmente Donald Trump, para ganar simpatías en los estados donde esta medida fue impugnada.

Queda claro que, de nueva cuenta, una actuación jurisdiccional tendrá arista electoral que buscará ser aprovechada por los interesados en ocupar el espacio del popular Barack Obama.

En otro plano, esta medida administrativa surte efecto en una gran parte de mexicanos que residen de manera irregular en aquel país y que, cumplidas las condiciones, son beneficiarios de la suspensión temporal de las deportaciones.

Una sentencia que revoque el proyecto de Obama caerá como balde agua fría si a raíz de ello inician deportaciones masivas de mexicanos, pues actualmente lo poco bueno del alto precio del dólar, dicen los que saben, es el impacto benéfico en las familias que reciben remesas en nuestro país. Empezar a perder estos ingresos no es una buena noticia.

¿Otra decisión judicial en cuyo resultado influyen los vaivenes de la política?

A OJO DE BUEN CUBERO

Recomiendo el libro “La Puerta” del catalán Albert Lladó. Una instrospección interesante que reconoce las debilidades.

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El amparo del Chapo

La semana pasada se difundió con rapidez la noticia sobre la recaptura de Joaquín Guzmán Loera en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, derivado de un operativo orquestado por un grupo élite de la Secretaría de Marina.

La mañana siguiente a la detención, los círculos de opinión nacionales se inundaron de vistos buenos a la actuación del gobierno federal y de negativos por el bombo y platillo del anuncio. Los primeros avalaron el fortalecimiento del Estado de Derecho, los segundos criticaron el festejo pues el acto derivó de una omisión institucional.

Un elemento que fue parte del análisis fue la extradición necesaria del capo. Las dos fugas previas son el argumento central para sugerir su envío inmediato a los Estados Unidos de América, donde existen procesos legales pendientes.

La duda imperante sobre la eficacia de las instituciones de readaptación social para mantener a “El Chapo” tras las rejas es la justificación principal de quienes ven en la extradición la solución al problema. Sin embargo, al supuesto líder del Cártel de Sinaloa le fue concedida la suspensión de plano en el amparo indirecto 47/2016 que se tramita ante el Juzgado Noveno de Dsitrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal.

Esto implica que la extradición debe esperar, por lo menos, a que ese juicio de amparo y los medios de impugnación que deriven, sean resueltos por el Poder Judicial de la Federación. La propia Procuradora General de la República, Arely Gómez, ha reconocido públicamente que el envío de El Chapo al país vecino del norte pueda tardar entre uno y cinco años.

Para gran parte de la población es difícil aceptar que personajes como el citado reciban “protección” de los jueces. Se entrecomilla porque no se trata de una aplicación parcial de la ley, sino al contrario, cualquier persona tiene derecho de audiencia y de acceso a recursos judiciales.

Contrario a la apología del sujeto que realizaron 2 actores de renombre, la defensa de los derechos de Guzmán Loera y de cualquier otro ciudadano no debe centrarse en lo que se presume está bien o mal sino en el marco jurídico vigente.

Cualquiera que se enfrente a un litigio, de la naturaleza que sea, deseará que las cosas se resuelven conforme a derecho, eso sí, de forma expedita como lo señala la Constitución.

A OJO DE BUEN CUBERO

¿Cómo se recibe la entrevista de Kate del Castillo y Sean Penn con el capo? Si existe delito qué perseguir en contra de ambos, ¿es conveniente políticamente iniciar otra batalla cuando la guerra parece llegar a su fin?

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