Órdenes políticas

El miércoles 25 de noviembre se difundió en medios de comunicación masiva la noticia de la supuesta orden de aprehensión que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en contra de Arturo Escobar y Vega, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y militante de alto rango en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Solicitud fundada en la posible comisión de delitos electorales por la distribución de las 10,000 tarjetas llamadas “Premia Platino”.

Alrededor de las 11 de la noche del mismo día, el propio Escobar emitió un comunicado a través de las redes sociales en donde informó la decisión de separarse del cargo a fin de facilitar la investigación y negó haber cometido el delito que supuestamente se le imputa.

Aunque se ha negado que exista tal orden, la filtración en los medios de este hecho y la separación de Escobar como Subsecretario federal son un golpe contundente al ex funcionario y ha perdido el velo de protección oficial. Se quedan él y el PVEM para enfrentar la posible acusación.

Debe recordarse que la denuncia por estos hechos fue presentada en su momento por el entonces líder del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero, denuncia que fue anunciada en Twitter con unas terribles faltas de ortografía.

Este hecho deja algunas dudas que se irán esclareciendo conforme transcurran las semanas.

Por un lado, ¿qué tanto afectará la relación PRI-Gobierno y PVEM de cara a las elecciones locales del próximo año?. En medios nacionales se ha hablado de una posible coalición (junto con Nueva Alianza) para enfrentar algunos procesos.

Quizá se trata de un pacto previo entre PRI-PVEM y, como barajita Upper Deck, intercambiar el cese con el PAN. Lo interesante está en qué entregará este último: ¿alianzas contranatura caídas? ¿reducción del índice de litigiosidad electoral?.

Lo cierto es que ante la incertidumbre, los actores involucrados han recibido la señal que la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (FEPADE) realizará su trabajo en aras de mantener un equilibrio (o sometimiento) entre las fuerzas políticas bajo las instrucciones del jefe del jefe.

A OJO DE BUEN CUBERO

Vale la pena leer esta reseña de Borde Jurídico sobre las comparecencias de los aspirantes a ministros de la @SCJN: http://bordejuridico.com/2015/11/designacion-scjn-comparecencias-en-el-senado/

Zaldívar Clandestino, Marihuana ¿ya es legal?

La sentencia de la Primera Sala de la @SCJN dictada en el Amparo en Revisión 237/2014 mediante la cual se ha permitido a los asociados de la asociación civil SMART a consumir marihuana en forma lúdica y recreativa, revivió una discusión mantenida en un cajón entreabierto durante varios años.

Diversos actores políticos se han pronunciado en tal o cual sentido. También la sociedad civil ha emitido sus juicios sobre el tema y, sin duda, la conversación más amplia ha surgido en redes sociales.

Más allá de las consideraciones “hippiosas” relativas a las bondades de una planta natural que la Madre Tierra proporciona o de la satanización del consumo porque es punto de inicio de casi cualquier acto criminal, están cuestiones de fondo: (i) las consecuencias de permitir el consumo personal y la realización implícita de ciertas actividades hasta hoy sancionadas por el Derecho Penal (excepto para los miembros de SMART) y (ii) el fomento de actividades de educación y persuasión a la niñez para evitar el uso de esta hierba antes de que alcancen la madurez física y psicológica “requerida”.

Actualmente si una persona es detenida en posesión flagrante de entre 5 y 5,000 gramos de marihuana es considerada un narcomenudista conforme a la Ley General de Salud (LGS) – excepto los miembros de SMART-. Una cantidad superior tipifica delitos contra la salud en su modalidad de posesión de acuerdo al Código Penal Federal (CPF).

Sobre esto cabe señalar que en el grueso de la comisión del delito de posesión, el previsto en la LGS ha ido ganando terreno respecto del señalado en el CPF. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del total de delitos por posesión de narcóticos el 42.18% correspondió al narcomenudeo mientras que para el 2014 aumentó a un 57.38%.

Bien pudiera centrarse la discusión a partir de esta información, otra disponible o inclusive que pudiera generarse para diseñar un nuevo esquema regulatorio antes de que por su propio peso la @SCJN le marque el paso al Ejecutivo.

Por ejemplo, ¿cuántas de esas personas que cometieron el hasta hoy delito de narcomenudeo se encontraban en una fiesta, en un bar, caminando tranquilamente hacia sus casas? ¿En cuántos de esos delitos se cometieron adicionalmente otros ilícitos? Contestar esta y muchas otras preguntas sería un primer paso para aproximarnos a una discusión seria del asunto.

Por otro lado, la posible liberalización de la marihuana impactaría significativamente en el acceso que a ella pudiera tener toda la población, incluida los menores. En nuestro país vecino del norte, es más fácil para un niño de primaria conseguir unos gramos de estupefaciente que comprar cigarros o una cerveza.

A nadie beneficia tener a un menor sometido a un procedimiento judicial por poseer lo apenas suficiente para forjar un cigarrillo ni tampoco que un espacio público sea punto de reunión para “pasarla bien”. Como muchas cosas, lo importante va a ser educar a la niñez para que, llegados a la edad suficiente, tomen una decisión informada de entrarle o no.

En la ruta hacia la apertura del mercado, el mapa ha sido dibujado y exploradores van a sobrar.

A OJO DE BUEN CUBERO

Lamentables los hechos ocurridos en Francia y Siria la semana anterior. Ayer veía que Jorge Castañeda expresaba que lo que Francois Hollande debe hacer es ir con todo a enfrentar a los yihadistas, dada la “tibieza” mostrada ante los sucesos de Charlie Hebdo. ¿Preservar la paz mundial requiere de que se mantenga lo políticamente incorrecto?

Twitter: @adalberto_gm

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