El Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (“IMCO”) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (“CIDE”) han publicado el estudio “México: Anatomía de la Corrupción” cuya coordinadora es María Amparo Casar. Se trata de un compendio de los principales índices, indicadores y mediciones sobre la frecuencia de la corrupción, de sus causas y efectos, de los esfuerzos para combatirla y de los resultados obtenidos.
El estudio no es alentador. El Índice de Percepción de la Corrupción (“IPC”) elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, señala que México es percibido como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (“OCDE”) con una calificación de 35 sobre 100, el mejor es Dinamarca con 92. Dentro de los países de América Latina es el tercero peor, tan sólo por encima de Argentina y Venezuela.
El propio IPC muestra que México ha avanzado únicamente 4 lugares desde 1995, teniendo sus peores momentos en 1997 con una calificación de 26 y en 2011 con 29. De mantenerse esta tendencia, todo lo demás constante, “a México le tomaría aproximadamente 40 años dejar el último lugar de entre los de la OCDE”.
Al interior de nuestro país la percepción sobre la corrupción también es negativa. En la “Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2014” elaborada por el INEGI, este problema fue señalado como el tercero más importante. Dato que también se obtuvo a partir de una encuesta del periódico Reforma del mismo año.
El estudio plasma además los costos de la corrupción. El Banco de México, el Banco Mundial y la revista Forbes estiman que este fenómeno cuesta un 9% del Producto Interno Bruto, mientras que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señala la pérdida sobre un 10%. Hablamos de más de 1.5 billones de pesos.
Otras consecuencias es que la corrupción es el primer factor que impide hacer negocios en un país, según el análisis “Transparencia, Objetividad y Competencia en las Contrataciones Públicas” elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Los datos expuestos en “México: Anatomía de la Corrupción” son alarmantes, sobre todo porque también analiza la forma en la que la sociedad la percibe. 41% de los ciudadanos está dispuesto a violar la ley según la “Encuesta de Cultura Constitucional” elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el 61% de las víctimas de delitos no lo denuncian.
Es claro que los esfuerzos no dan los resultados obtenidos. La solución debiera ser integral y ser alcanzada por un amplio consenso social. En los últimos años ha sido más grande la preocupación por renovar la imagen de las instituciones, pues esto supone una recuperación automática de la confianza en ellas. Sin embargo, ¿de qué sirve cambiar de Procuraduría a Fiscalía o de Unidad a Instituto, si las personas, las costumbres y las consecuencias siguen siendo las mismas?
Hace mucho conversaba con un agente del Ministerio Público del Distrito Federal, quien con mucha sapiencia me dijo “¿de qué sirve que me cambien las hojas y los anuncios de mi agencia, si el policía que ejecuta la orden de aprehensión es el mismo, si el que pide el ejercicio de la acción penal sigo siendo yo?
El combate a la corrupción debe tomar un giro de los grados que se quieran, pero definitivamente no puede seguir en la misma dirección. Consulta Mitofsky llegó a un resultado contundente: 51% de la población considera que los gobernantes y partidos deben combatir la corrupción y aplicar la ley por igual para recuperar la confianza de la sociedad.
¿Se dejará que los vientos de la opinión pública guíen o los golpes de timón sustentados en la mercadotecnia harán naufragar el barco?
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